Hace poco el tribunal internacional de La Haya condenó a oficiales serbios a leves condenas penitenciarias si se toma en cuenta las acusaciones sobre ellos. Milosevic, más en una jugada política que en un serio castigo a sus crímenes, continúa en una interminable pugna legal que ha perdido peso e interés. Al menos existe un ente multinacional que amedrenta a genocidas y dictadores, de turno y pasados. El número de condenas cubre un mínimo porcentaje de aquello que se denuncia. Asuntos burocráticos y económicos impiden una mayor actuación. Estados Unidos, además, no reconoce a La Haya y menos aporta para su manutención.
Lo paradójico está en el discurso norteamericano acerca de crímenes de guerra, de Hussein y de sus colaboradores. Se habla de un juicio por parte de miembros de la fantasmal "coalición" que ocupa Irak hoy, o también de una entrega del dictador a la justicia iraquí, lo que significa muerte en circunstancias no bastante legales. Para los Estados Unidos los crímenes de guerra son unilaterales, las tropas u oficiales estadounidenses están fuera de ellos. El intento de Bill Clinton de cambiar esa política fue frenado en el congreso y, en el presente, en un imperio de escasas libertades civiles y de creciente impunidad, se lo ha desechado por completo.
El New York Times reaviva la historia de Vietnam y la intervención militar norteamericana en el sudeste asiático. Al parecer la masacre de civiles en My Lai, en 1968, ejemplifica un patrón de conducta genocida que necesitaba de una estadística macabra, el número de cuerpos muertos, contando mujeres, niños y ancianos, para justificar una impresionante estructura militar en el extranjero. Los oficiales permitían la violación, tortura, mutilación y muerte de la población civil como medio de perpetuar su presencia en la región, impactar al público de su país con estadísticas que no reflejaban la veracidad de los hechos y descorazonar a una resistencia nacional cada vez mayor ante el invasor. William Calley, el oficial que dirigió la matanza de My Lai, cumplió sólo tres años de arresto domiciliario mientras que la mayoría de otras atrocidades ha sido simplemente olvidada.
La campaña de la Fuerza Tigre en 1967, según cuentan algunos de sus protagonistas, fue un sangriento festín de orejas y extremidades cortadas, decapitaciones, quema y despanzurramiento de familias escondidas en refugios. Muchos de los asesinos de entonces son ahora reputados ciudadanos, senadores, directores, héroes de una guerra injusta. Todo, menos criminales.
28/12/03
Publicado en Opinión (Cochabamba), diciembre, 2003
Imagen: Henry Kissinger
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